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La violencia obstétrica es un problema social de alta complejidad en el que están presentes relaciones de poder, discriminación, desigualdad social y violencia de género.
Jesús Verdugo Torres, egresado del Doctorado en Ciencias en Salud Colectiva de la Unidad Xochimilco de la UAM consideró fundamental la intervención de los gobiernos para prevenirla, atenderla y erradicarla.
La importancia de estudiarla radica en que se trata de un tipo particular de problemática de género, dado que, si bien no se ejerce sobre todas las mujeres.
“Justo por la condición de género, por lo que debe ser analizada desde una perspectiva social, con un enfoque que visibilice estas desigualdades”.
En América Latina, Venezuela fue el primer país que la tipificó como un delito en 2007; Argentina en 2009, y Perú en 2015.
En el caso de México, Veracruz, Chiapas y Guerrero lo tienen caracterizado como tal en sus códigos penales; los dos primeros la retoman en sus leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
11 entidades cuentan con definición en su ley, pero 20 carecen de iniciativas y leyes, y una -Sinaloa- tiene pendiente la discusión desde 2017.
“Son necesarias políticas complementarias que mejoren los procesos de atención del embarazo y del parto y trabajar a nivel cultural con los profesionales de la medicina”.
La violencia obstétrica es aquella que se genera en el ámbito de la atención del embarazo, parto y posparto en los servicios sanitarios públicos y privados.
Consiste en cualquier acción u omisión por parte del personal del sector, que cause daño físico y/o psicológico a la mujer.
Además se expresa en la falta de sistemas de atención de salud reproductiva, en trato cruel, inhumano o degradante, o abuso de medicalización, minimizando la capacidad de decidir de libre e informada sobre dichos procesos reproductivos.
Este fenómeno se manifiesta, con golpes, regaños, amenazas, manipulación de información, e incluso al utilizar a la gestante como recurso didáctico en la asistencia sanitaria.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2016, 33.4 % de mujeres de 15 a 34 años de edad que dio a luz en el periodo 2011-2016 declaró haber sido víctima de violencia obstétrica a nivel nacional;
Mientras que en el estado de Oaxaca 31.1 % testificó haberla sufrido.
La forma más frecuente fueron los regaños, seguida de tardanza en la asistencia.
“llama la atención que 4.8 % de las mujeres reportó que le fue colocado algún método anticonceptivo para no tener hijos, sin su consentimiento”.
Concluyó que la violencia obstétrica es derivada del ejercicio de poder y de una subordinación de las mujeres en los servicios de salud.
La interiorización de la estructura del campo médico, jerárquico, masculino y autoritario, facilita la presencia de este fenómeno.
Además hay una estandarización de la atención gineco-obstétrica que lleva a medicar e instrumentalizar el embarazo y el parto sin considerar los aspectos culturales.
Por ello propuso incorporar la perspectiva de género en la enseñanza médica.
E integrar la salud sexual y reproductiva en los currículos universitarios, con una visión que no esté limitada a factores clínico-biológicos.
También recomendó reconocer la partería y el nacimiento en espacios no hospitalarios como alternativas de atención.
