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Ante las dificultades de recibir atención presencial debido a la sana distancia necesaria para evitar el contagio del Covid-19, la telemedicina representa una alternativa que permite, mediante el uso de nuevas tecnologías, brindar servicios médicos a pacientes que los requieran.
La pandemia ha modificado el uso de las herramientas electrónicas en los campos educativo y sanitario, por lo que es necesario que en México sean adaptadas de manera apropiada a los marcos legales existentes, así como promover la creación de nuevas normas cuando sea aplicable.
Jorge Alberto Álvarez Díaz, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), señaló que si bien este concepto no es nuevo, a raíz de la emergencia mundial se ha acelerado como alternativa a la modalidad presencial para estomatólogos, odontólogos, anestesiólogos, enfermeras y neumólogos.
Sin embargo, destacó que por sus características remotas, no debe ser considerada igual al contacto directo ni utilizarse exclusivamente para reducir costos o como un incentivo perverso para aumentar las ganancias de los médicos.
Debido a que los principios de la ética son obligatorios también en la prestación de servicios clínicos por la vía digital, el médico y el paciente deben establecer una relación basada en la confianza y el respeto mutuos, lo que significa que con cada enfermo, el profesional de la salud deberá acatar todas las normas de seguridad y protección, como si estuviera infectado.
Así sucedió con el surgimiento del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), que exigió la adopción de medidas bajo la premisa de que todo usuario podía estar contagiado.
“Es responsabilidad del doctor la confidencialidad, la privacidad y la integridad de los datos del individuo, como establecen las leyes Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y de Protección de Datos Confidenciales en Posesión de Sujetos Obligados”.
En ambas modalidades es necesario el consentimiento informado para explicar las citas, la privacidad, la posibilidad de fallas tecnológicas, las políticas de prescripción, la coordinación de atención con otros profesionales, así como un registro detallado de que la persona entendió las recomendaciones.
