Sepa La Bola
La reapertura de la Línea 12 del Metro se realizó con bombo y platillo, haciendo gala de que no volverá a ocurrir en el futuro un percance como el de mayo de 2021. Y sólo se habló de las virtudes de la llamada Línea Dorada y de la intervención de cientos se empleados para recomponer la tragedia que enlutó a 26 familias.
El jefe de gobierno, Martí Batres, encabezó la ceremonia junto con el secretario de Obras, Jesús Esteva, pero sólo dedicaron, en su discurso oficial, a mostrar las cualidades del tramo elevado de la Línea 12 del Metro.
Olvidaron lo verdaderamente importante y que no se puede pasar por alto, que es el dolor y el honor de las víctimas y de sus deudos, así como de las personas que resultaron lesionadas y que a la fecha continúan con problemas físicos y sin un peso, porque nunca hubo mediación de la Fiscalía General de Justicia.
Víctimas siguen un proceso jurídico y no han cedido a las pretensiones oficiales de recibir pírricas cantidades a cambio de la llamada justicia restaurativa. Nada se restauró, las familias de los 26 muertos les lloran a diario. Hay las 14 víctimas en proceso exigen justicia, pero a casi 3 años de la tragedia no hay ningún funcionario en prisión y los de la a tu alrededor administración pronto concluirán.
Los usuarios de la Línea 12 del Metro no celebraron. La reapertura del viaducto elevado sólo generó incertidumbre y temor porque un caso como el de mayo de 2021 vuelva a repetirse. Víctimas como la mamá de Brandon, el único niño que falleció en el desplome del Metro, ve con impotencia que nadie respondió a sus llamados de justicia y como todos los funcionarios involucrados fueron taparon y encubiertos para que ninguno pisara la cárcel.
La actitud encubridora no ha menguado en su exigencia de hacer justicia por la mamá de Brandon y la Línea 12 representará para el resto de su vida el monumento, no sólo a la tragedia, sino a la corrupción, a la indiferencia y al encubrimiento oficial. Lo que sigue es que las víctimas que continúan su lucha llevarán el caso a instancias internacionales, ante el evidente encubrimiento de las instituciones de seguridad y justicia.
Este trágico incidente dejó al descubierto una serie de irregularidades y malas prácticas que plagaron la construcción y mantenimiento de la Línea 12 desde su inicio. Informes preliminares señalaban las deficiencias en el diseño y construcción de la infraestructura, así como falta de mantenimiento adecuado a lo largo de los años.
Y Sepa La Bola.. pero donde las cosas no andan muy bien, por la falta de oficio es en la Fiscalía capitalina, con Ulises Lara López.
Su homólogo de Morelos, Uriel Carmona, obtuvo de la justicia federal dos sentencias de amparo favorables que cancelan los procesos en su contra, por los delitos de encubrimiento y de homincidio, y sólo queda pendiente un tercer proceso por retardo de la justicia, en el cual se adelanta cual será el veredicto.
El cuarto corresponde al Estado de Morelos, donde la Fiscalía General de la República le inició un procedimiento por el incumplimiento en el control de confianza, lo cual no es considersdo grave en la legislación penal. A pesar de toda la embestida contra Carmona, el cuestionado funcionario sigue y además con fuero constitucional.
Y Sepa La Bola.. pero algo pasa en Aduanas. Hay un escándalo de corrupción en la aduana de Juárez, que ya derivó en una investigación contra el titular Jorge Arturo Sánchez Avilés.
Esa aduana se encuentra en el centro de un escándalo de corrupción que generó indignación y preocupación. Recientemente, presentaron dos casos que revelan prácticas ilegales y abusos por parte de los oficiales aduaneros.
Uno de los cosos fue del accionista llantero Héctor Ortiz, que denunció públicamente los cobros de cuotas indebidas realizados por los oficiales de la aduanas. Según Ortiz, los oficiales a cargo de Jorge Arturo Sánchez Avilés, exigen hasta 2 mil dólares por cada tráiler que pasa sin los documentos requeridos, y 250 dólares incluso si todo está en regla.
Y más reciente, se descubrió un caso de internación ilegal de combustible a través de la aduana Internacional de Juárez.
Lo que queda es que las autoridades tanto de aduanas como militares, encargadas de los pasos fronterizos, tienen que poner un alto a los actos ilegales, antes de que se vuelvan un mal difícil de detener.