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Esténtor Político
El titular de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, declaró hace unos días que la población mundial enfrentará cinco grandes crisis este año: la pandemia de COVID-19, la del sistema financiero, la climática, la falta de regulación del ciberespacio y los conflictos violentos. El alto funcionario internacional aseguró que estos problemas evidencian ‘el fracaso de la gobernanza global…”, y agregó: “nos enfrentamos a un caldero de inestabilidad política y feroces conflictos. La desconfianza entre las potencias mundiales está alcanzando un punto álgido’.
En su enumeración, Guterres no incluyó a la educación, que desde que irrumpió la pandemia a finales de 2019 y principios de 2020, ha permanecido relegada a un segundo plano, ya que en muchas naciones la suspensión de clases presenciales está afectando a millones de niños y jóvenes que carecen de la posibilidad para sustituirlas eficientemente.
En la ONU existen propuestas de acción adecuadas para atacar la crisis mundial de la educación e impulsar su desarrollo en los países con mayores problemas en este sector. Entre ellas destacan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de su Agenda 2030 y, por supuesto, el Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece:
‘A) Toda persona tiene derecho a una educación. Ésta debe ser gratuita y obligatoria en un nivel inicial y elemental; b) el objetivo principal de la educación debe ser el desarrollo humano, personal y el fortalecimiento de las libertades y derechos humanos y c) debe promover la comprensión y el pensamiento independiente sin importar la etnia, religión, postura política o condición social’.
Es cierto que la pandemia ha agudizado la crisis educativa que, desde hace mucho, padecen millones de infantes y jóvenes de naciones pobres o en proceso de desarrollo.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) afirma que la educación “es una herramienta fundamental para erradicar la pobreza y el hambre, que ayuda a mejorar la salud física y mental, promueve la igualdad de género y equidad social”. Sin embargo, las cifras más recientes muestran que en lugar de un avance, existe un retroceso; 258 millones de niños y jóvenes no reciben educación escolarizada; 617 millones de niños y adolescentes no saben leer ni tienen conocimientos básicos de matemáticas; el 40 por ciento de la población mundial no tiene acceso a la educación en su propio idioma; en los países en vías de desarrollo, el 91 por ciento de los infantes se matriculan en la escuela, pero 57 millones no asisten a las aulas.
¿Y en México? En los ciclos escolares 2019-2020 y 2020-2021, al menos 847 mil alumnos abandonaron las clases, una deserción nunca antes vista; en 190 días hábiles desertaron cuatro mil 371 estudiantes por día. El mayor nivel de abandono ocurrió en la educación básica, con 665 mil; en el nivel medio superior fue de 160 mil y en la educación superior de 31 mil.
¿A qué se debe? ¿Es por la crisis pandémica? No hay análisis serios que lo demuestren, pero se presume que en parte es por la pandemia y en parte por la poca atención que le han prestado las autoridades gubernamentales. Las entidades con mayor deserción son el Estado de México, con 162 mil; Puebla, 76 mil; y CDMX 67 mil 973; mientras que en las zonas rurales este fenómeno se ha agudizado.
El Tercer Informe de Labores de la Secretaría de Educación Pública (SEP), emitido en noviembre de 2021, describe la estrepitosa caída en el número de alumnos y de maestros que cursaron ese ciclo; el cierre de escuelas, la falta de materiales escolares y las pésimas condiciones en la infraestructura escolar.
En ese periodo se suspendieron mil 208 escuelas en menos de un año; durante la pandemia desaparecieron las Escuelas de Tiempo Completo, el Programa Nacional de Convivencia Escolar, el Programa para la Atención a la Diversidad de la Educación Indígena y, entre otros, el Programa Atención Educativa de la Población Escolar Migrante; además, nueve mil 172 maestros dejaron de dar clases.
En México, los niños, adolescentes y jóvenes representan casi la mitad del total de la población: de cero a nueve años suman alrededor de 20 millones; los de entre 10 y 19 años son cerca de 22 millones y los de entre 20 y 29 años suman 20 millones; los tres grupos suman 62 millones de personas, cifra equivalente al 48.44% de la población nacional. Un mar de infantes y jóvenes que ven cómo su educación se estanca y entra en una crisis sin salida que tendrá consecuencias para el desarrollo científico y tecnológico. Estos mexicanos truncan su instrucción mientras que los gobiernos de los tres niveles carecen de planes educativos y socioeconómicos.
Las crisis educativa, económica, social y política provienen de un sistema basado en la desigualdad, la injusticia y el privilegio, que podrá ser cambiado de raíz por un pueblo educado en la necesidad de construir un mundo nuevo, donde prevalezcan la igualdad y la justicia. Para este objetivo, la energía de los jóvenes es indispensable, millones de jóvenes deben concientizarse y luchar para conseguir una patria más justa para todos. Por el momento querido lector, es todo.
