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El Gobierno francés recibió el visto bueno a dos de las medidas más polémicas previstas en el país contra la pandemia: la obligación de presentar a partir del 9 de agosto un certificado sanitario para acceder a bares y restaurantes, y que el personal médico se vacune contra el COVID-19.
La entrada en vigor de la nueva ley en la que se enmarcan ambas exigencias estaba pendiente del aval del Consejo Constitucional, el organismo encargado de velar por el respeto de la Carta Magna en la normativa. Esa institución había sido consultada por el propio primer ministro, Jean Castex, y por parlamentarios de la oposición de izquierdas.
El llamado ‘pase sanitari’ consiste en un test negativo de Coronavirus de menos de 48 horas para los lugares culturales y de menos de 72 horas para los viajes; una pauta de vacunación completa o una prueba de haber pasado el virus en los seis meses previos.
Se exigía ya desde el 21 de julio en lugares culturales como museos o cines, y desde este próximo lunes también en bares, restaurantes o centros comerciales.
El Consejo Constitucional estima que la protección de la salud que estas medidas ofrecen está por encima de la afrenta a las libertades que denuncian los opositores de la ley.
Su presentación pasa a ser también obligatoria en centros médicos u hospitalarios para quienes acompañen a los pacientes o los visiten, pero en ningún caso, según se precisó, puede limitar el acceso de los enfermos a los cuidados. “No dejaremos de atender a nadie”, destacó el ministro de Sanidad, Olivier Véran.
Dos medidas anuladas
No todas las disposiciones evaluadas, no obstante, obtuvieron el aval del organismo. El Consejo Constitucional censuró la posibilidad de romper de forma anticipada un contrato temporal o interino a quienes no dispongan de ese justificante sanitario.
E igualmente vetó el aislamiento obligatorio durante 10 días de quienes hayan dado positivo de Coronavirus, el mismo que se aplica a quienes lleguen procedentes de un país de riesgo elevado, al considerar que constituye una privación de la libertad.
El primer ministro francés dijo tomar nota de ambas anulaciones, y recalcó que los poderes públicos se volcarán en recordar a todas las personas contagiadas la necesidad de ‘respetar escrupulosamente’ las correspondientes recomendaciones médicas.
Oposición popular
El presidente francés, Emmanuel Macron, consideró el pasado 12 de julio que el pase sanitario es “una pequeña herramienta que puede salvar vidas”, pero el anuncio de su generalización y de la ley que lo valida, a mediados de julio, ha provocado una nueva oleada de manifestaciones masivas en el país.
El Ministerio del Interior francés calcula que más de 204 mil personas protestaron el pasado sábado, 31 de julio, frente a las 161 mil de la semana anterior o las 110 mil del 17 de julio. Y este fin de semana se prevén nuevas protestas.
Un sondeo del instituto demoscópico Elabe publicado por el diario Les Échos apunta a que sólo un 37% de franceses aprueban esas movilizaciones, que destacan por su heterogeneidad. Agrupan tanto a antivacunas como a contrarios a las nuevas restricciones o a adeptos de teorías del complot.
Porque a nivel general, según esa misma encuesta, el uso del certificado sanitario recibe un apoyo mayoritario: seis de cada 10 habitantes no tienen problemas en presentarlo para viajar, acceder a sitios culturales u hospitales, y un 55% tampoco se opone a que lo pidan en bares y restaurantes.
Protestas
Quienes mantienen su oposición al mismo volvieron a escenificar su rechazo con una pequeña protesta frente a la sede en París del Consejo Constitucional.
Y en las redes sociales una de las primeras políticas en lamentar la decisión de la institución fue la ultraderechista Marine Le Pen, candidata presidencial y líder de la Agrupación Nacional.
“Muy rápido a la hora de censurar toda medida firme contra la inmigración legal e ilegal, el Consejo Constitucional no encuentra nada que decir sobre una ley que obstaculiza la libertad de circular de los franceses, en su propio país, en base a la vacunación”, escribió en Twitter.
Macron se encuentra oficialmente de vacaciones en la residencia oficial estival de Brégançon, en el sur del país, pero su ofensiva para intentar frenar el rechazo a su plan sanitario se ha ampliado desde esta semana a las redes, con publicaciones diarias de vídeos en los que responde directamente a las dudas de los ciudadanos.
En una entrevista en la revista Paris Match, dejó claro igualmente que, pese a estar a menos de un año de las presidenciales, la magnitud de la oposición popular no le hará retroceder: “No cederé nada ante su violencia radical”, aseguró.
Con información de EFE
