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El Movimiento Antorchista Nacional exigió que se detengan las amenazas y la represión política contra la organización y sus líderes nacionales por parte del gobernador morenista de Puebla, Miguel Barbosa Huerta; al mismo tiempo se anunció, para el 27 de febrero, una marcha de 30 mil mexicanos en la entidad poblana para exigir respeto a la democracia y la ley.
Desde las 32 entidades del país, de manera simultánea, los 32 dirigentes estatales antorchistas rechazaron la política antipopular y amenazante de Miguel Barbosa y aseguraron que “si se fabrican delitos y se detiene a los líderes antorchistas, Puebla será el epicentro de un conflicto nacional porque convocaremos por lo menos a 100 mil mexicanos a protestar en la capital de esa entidad”.
Homero Aguirre Enríquez, vocero nacional antorchista, aseguró que las amenazas y la represión escalaron cuando el Movimiento Antorchista Poblano (MAP), Asociación Civil que aglutina a miles de poblanos, antorchistas y no antorchistas, solicitó su registro como partido político y avanzó en un proceso legal autorizado y supervisado por el Instituto Electoral del Estado. La realización exitosa de todas las asambleas requeridas, las cuales se hicieron en un número mayor del solicitado por la ley, detonó un agresivo bloqueo político operado desde el gobierno de Miguel Barbosa, que primero se tradujo en una burda anulación del proceso por parte del mismo IEE que lo había autorizado, lo que provocó que los dirigentes y afiliados a la Asociación Civil, quienes vieron violados sus derechos y garantías democráticas, anunciaran una manifestación masiva a realizarse el 6 del pasado mes de febrero.
El mero anuncio de la primera manifestación para denunciar la falta de independencia del IEE y la grosera intromisión del gobernador, provocó una serie de agresivas declaraciones en donde el gobernador Barbosa anunció que “se le aparecería la ley a Antorcha Campesina”, acompañados de acusaciones tachándola de criminal, lo cual es una clara amenaza, no al MAP que es la Asociación Civil solicitante del registro como partido estatal, sino a los líderes e integrantes de Antorcha Campesina; junto con eso, el gobierno promovió notas de prensa anunciando que “se investiga” a los líderes antorchistas por delitos federales, al mismo tiempo que por diversas vías se hacía saber que el Gobierno se encuentra “fabricando” delitos al líder nacional del Movimiento Antorchista, Aquiles Córdova Morán, así como a los líderes estatales Juan Manuel Celis Aguirre y Soraya Córdova Morán.
Morena y el gobernador Miguel Barbosa deben saber que si se atreven a torcer la ley y se ejecutan las amenazas de encarcelamiento, algo que necesariamente tendría que ser con acusaciones totalmente inventadas y “cuadradas” tramposamente, Antorcha responderá como un sólo hombre en todo el país y en Puebla habría protestas por toda la entidad y al mismo tiempo cientos de miles de mexicanos de otros estados arribarían a la ciudad de Puebla para defender a sus líderes y exigir la destitución inmediata del gobernador Miguel Barbosa Huerta. Desde este momento, el antorchismo nacional intensificará sus acciones de denuncia y defensa en los medios de comunicación tradicionales y en las redes sociales.
Tras el anuncio de las acciones de respuesta masiva a ese abuso de poder por parte del gobernador de Puebla, los líderes del antorchismo nacional hicieron un llamado a todos los mexicanos para que vean en estos graves hechos de abuso de poder, una amenaza no sólo los líderes antorchistas y la organización que representan, sino como un riesgo para los derechos constitucionales y democráticos de todos los mexicanos, como un laboratorio a escala estatal de la Cuarta Transformación para anular los órganos electorales por el poder ejecutivo y perseguir con delitos inventados a quienes representen una voz crítica; lo que ocurre en Puebla puede ser la antesala de una dictadura que afecte a todos los mexicanos.
