La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, aseguró que están listos para organizar las elecciones de jueces y magistrados, tal y como lo mandata la reforma al Poder Judicial.
“Que no quede duda, trabajaremos con el mismo profesionalismo que nos ha dado reconocimiento nacional e internacional y lo más importante, que nos ha servido para ganarnos la confianza de todas y todos los mexicanos. Nuestros trabajos estarán a la altura de la importancia de esta elección extraordinaria”, indicó desde la explanada del Instituto donde se realizó la ceremonia cívica de honores a la Bandera con motivo del inicio de este proceso electoral.
En presencia de diversas autoridades electorales, la consejera presidenta garantizó que la elección de las personas ministras, magistradas y juzgadoras, será auténtica. “El INE ya la está organizando de forma certera, objetiva e imparcial”.
Celebró la oportunidad de fortalecer el Estado de derecho a través de un proceso electoral transparente y legítimo, en el que aseguró “las reglas serán claras y equitativas para todos los participantes”.
Tengan la certeza, dijo, que “en este proceso electoral extraordinario las entidades que aprueben sus elecciones judiciales para 2025, tendrán también toda nuestra atención y acompañamiento”.
Refrendó la capacidad institucional del INE y su eficacia, ya que son el resultado de la labor del personal de sus áreas ejecutivas, de las unidades técnicas y de los órganos desconcentrados en los estados de la República Mexicana
“Todas y todos tenemos un compromiso con la democracia del país, con la imparcialidad, la equidad y la independencia que rigen las funciones de nuestra institución. La igualdad seguirá siendo el principio básico de nuestras labores. El acceso al voto de forma universal estará garantizado”, estableció.
Cuestionada sobre los riesgos de intromisión de la delincuencia organizada en la designación de jueces, Guadalupe Taddei consideró el tema como “bastante importante”, y aseveró que el INE trabajará con las autoridades para ofrecer protección a los candidatos que lo requieran, a la vez que fiscalizará las campañas electorales.