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El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, fue acusado de proteger y respaldar al director de la empresa auditora Fisamex, Manuel García Soto, quien solicita cobros millonarios y excesivos por sus servicios.
De acuerdo con la queja 12/2020 interpuesta ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y mediante juicios de amparo, muchas empresas han evitado pagar grandes sumas de dinero, mientras que otras son obligadas a hacerlo.
Empresarios se quejan de que las Comisiones Estatales de Servicios Públicos, a través de Fisamex, les requieren pagos millonarios hasta tres veces, pese a que ya acudieron a pagar lo que las primeras auditorías señalan.
Precisaron que con un documento llamado ‘Presupuesto”, pretenden obligarlos a pagar bajo la advertencia de suspenderles el servicio o ser inspeccionados. Ante esto, la autoridad estatal responde que los cobros son apegos a la ley y les comienzan a fincar multas.
“La persecución que el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, a través de Manuel García Soto, ha hecho en contra de los empresarios por presuntos adeudos de agua no termina. Por órdenes directas de un Juzgado federal, al director general de Fisamex, la cobradora consentida del gobernador, se le fueron de sus sueños tres millones 200 mil pesos”, precisaron los quejosos.
Y añadieron: “Esa cantidad es la que se hubiera embolsado de proceder el cobro de 16 millones de pesos que pretendía hacer a la empresa San Grato (La Gran Vía) por un supuesto adeudo a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM)”.
Esta es su forma de actuar
Jaime Bonilla ordena de inmediato a los titulares de las diversas Comisiones de Servicios Públicos que suspendan el servicio a las empresas que según Fisamex tienen deudas pendientes.
Hace dos meses le llegó la orden a Héctor Soto Ibarra, entonces director general de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), de cortarle el servicio a San Grato (Centro Comercial La Gran Vía), pero se negó a hacerlo al considerar que no había motivos para ello.
Quien sí se apuntó para hacer lo ordenado fue Armando Fernández Samaniego, entonces subdirector comercial de la paraestatal, de la que ahora es titular después de que a Soto Ibarra le pidieran la renuncia por no acatar la instrucción del gobernador.
A su vez, Carlos Gratianne, cabeza principal de San Grato, se negó a pagar lo que cobraba Fisamex e interpuso un recurso de amparo, que finalmente se resolvió a su favor la semana pasada.
Así, la orden de la autoridad federal a la CESPM fue reponer a esa empresa el suministro de agua potable y servicio de drenaje sanitario. De no hacerlo, serán denunciados ante al Ministerio Público de la Federación.
Ante esta situación, a Fernández Samaniego no le quedó otra salida más que reponer los servicios suspendidos para no correr la misma suerte que Rigoberto Laborín Valdez, separado de la Dirección General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana por desobedecer a un juez. Sin embargo, luego fue cobijado por Salomón Faz Apodaca en la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, de la cual es titular.
