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Los propietarios de 91.5 hectáreas que les fueron expropiadas para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), presentaron una denuncia penal en la Fiscalía General de la República (FGR) contra Román Guillermo Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial (Sedatu), y dos de sus principales funcionarias: Dulce María Rodríguez y Ednna Elena Vega.
La denuncia fue presentada por desacato a una orden de un juez federal para devolverles los predios que les fueron enajenados o indemnizar a sus propietarios.
Y es que, funcionarios de la Sedatu incumplieron, no sólo el ordenamiento del Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Administrativa, sino también del Tribunal Décimo del Primer Circuito en Materia Administrativa, que ratificó la sentencia del juez de amparo.
“El juzgado en materia Administrativa y el Tribunal Colegiado en materia Administrativa han determinado en sentencia firme, inamovible, que se concede el amparo para el efecto que se devuelvan predios en Santa Lucía, en donde se encuentra el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, esto ya es inamovible, el juzgado ha estado requiriendo el cumplimiento a la sentencia, pero no quieren dar curso a una resolución, lo que implica un delito”, expuso el asesor jurídico, Antonio López.
Rafael Ayala Pasten, miembro del equipo de abogados que encabeza Teófilo Benítez Granados, señaló que las personas afectadas poseen esas tierras legalmente desde la década de los 70, lo cual acreditaron con documentación legal.
“Pero la autoridad se ha negado a restituirlo o a indemnizarlos, no obstante de que se encuentran dentro del Aeropuerto Felipe Ángeles. La autoridad judicial determinó que si bien no puede restituirse a la familia, puede otorgarse una indemnización, lo cual hasta la fecha no se ha hecho, a pesar de los diferentes requerimientos por parte de la autoridad federal y aquí está presentada la denuncia”, indicó Ayala Pasten.
Autoridades deben ser sensibles ante despojos por el AIFA
Al respecto, el penalista Teófilo Benítez sostuvo que debe existir sensibilidad y coherencia del gobierno de México para cumplir con las resoluciones que establece el Poder Judicial de la Federación, pero al no acatar dicha determinación existe la alternativa de denunciar penalmente el desacato.
De acuerdo con el amparo 1537/2019, las resoluciones que declaran como terreno nacional los predios dentro del polígono denominado Xaltocan, del municipio de Nextlapan, Estado de México, resultan ilegales al haberse incluido dentro de éstas las fracciones B y E de Xaltocan, municipio de Nextlapan, Estado de México, propiedad del quejoso.
“Lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitada”, detalla la resolución.
Deberán ser citados a comparecer Román Guillermo Meyer Falcón, titular de Sedatu, así como la directora general de Ordenamiento de la Propiedad rural, Dulce María Rodríguez y la subsecretaria de Ordenamiento Territorial y agrario, Ednna Elena Vega Rangel, para explicar este desacato.
