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La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, invitó al presidente Andrés Manuel López Obrador, y a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, a que conozcan las principales problemáticas detectadas en el Encuentro Nacional por una Agenda de Seguridad y Justicia, y a sumarse a un diálogo plural para analizar las afectaciones de la reforma al Poder Judicial, no sólo en el futuro de la justicia, sino del país.
Reconoció la necesidad de una reforma al Poder Judicial con cambios a la Judicatura Federal, que realmente ofrezca soluciones que atiendan las principales necesidades detectadas en el Encuentro Nacional por una Agenda de Seguridad y Justicia, y que la iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo Federal, “sea fruto de un diagnóstico basado en información objetiva y real”, que escuche y dialogue con todos los actores involucrados.
“No podemos caer en la salida fácil. No podemos empezar de cero. El contexto tan complejo que vive nuestro país no permite la improvisación. Ello no beneficiará a los justiciables. Al contrario, supone un retroceso en la protección de los derechos humanos de las personas, poniendo en riesgo la continuidad de la impartición de justicia en nuestro país”, aseveró.
La ministra presidenta afirmó que si queremos mejores políticas públicas de seguridad y justicia, tenemos que concentrarnos en los derechos de las personas, particularmente, en los derechos de las víctimas, “los tribunales, su integración y su funcionamiento, definitivamente no son un elemento esencial en la experiencia de los usuarios de los sistemas de seguridad y justicia”.
En la última de 15 sesiones del Encuentro, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández detalló los hallazgos que arrojaron estos foros regionales: se requieren mejores políticas públicas de seguridad y justicia concentradas en los derechos de las personas, particularmente, en las víctimas; existe desconfianza de personas a autoridades y viceversa, de ahí la necesidad de contar con canales institucionales frecuentes y eficientes de comunicación.
“Si la Reforma Judicial se aprueba en sus términos: Ya no llegará la persona más capacitada al puesto. No llegará la persona que pasó años estudiando, preparándose para opositar, sino la más popular, la que supo relacionarse bien con los ‘grupos de poder’ que, irónicamente, es uno de los argumentos de esta reforma, es decir, se provocará lo que intenta erradicar. La realidad es que la reforma no aborda el problema de raíz”, señaló.
Principales hallazgos
En estos encuentros, se detectó que académicos, abogados, integrantes de la sociedad civil, funcionarios públicos y juzgadores tienen una comunicación ineficaz con las personas; en materia de seguridad pública el distanciamiento entre ciudadanía y autoridades es más marcado y, si bien, los derechos de las víctimas son formales, estos no tienen expresión práctica.
También se encontró que la capacidad de investigación criminal está rebasada, que los actos de corrupción son muy frecuentes y que en todo el país existen altos índices de incidencia delictiva que hacen imposible dar respuestas.
Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, dijo, a título personal, que en la discusión de la reforma del Poder Judicial se debe preservar la carrera judicial, la elección de buenos juzgadores que tengan un conocimiento amplio del derecho y cultiven virtudes como la imparcialidad y la seguridad jurídica.
Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, aseguró que para emprender una reforma al Poder Judicial se requiere analizar de manera integral el papel que juegan no sólo los jueces, magistrados y ministros, sino las policías civiles, la Guardia Nacional y los ministerios públicos
