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La pandemia del COVID-19 agudizó la inseguridad alimentaria en México, una condición que 45% de la población padecía –de manera severa o moderada–, y que alcanzará a 60 o 65% de los habitantes del país.
De acuerdo con estimaciones, de la doctora Miriam Bertran Vilà, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), se ha incremento la pobreza, y debe ser el punto central de la crisis de comestibles, desde la perspectiva del consumo y no tanto de la producción o la distribución.
“La insistencia en la gravedad de la obesidad ha generado que se hable de ese mal, sin advertir que las crisis económicas son responsables de buena parte de ese padecimiento, que afecta sobre todo a los sectores vulnerables que con seguridad sufren también hipertensión y diabetes, derivadas de su forma de comer, pero que ahora cargan además la infección del SARS-CoV-2 con un regreso a la medicalización exacerbada”.
La docente del Departamento de Atención a la Salud de la Unidad Xochimilco recalcó que “se sabe que el COVID-19 es más grave en personas con diabetes e hipertensión, por lo que el gobierno mexicano tomó la decisión urgente de tratar el asunto de la nutrición y aceleró procesos en materia de impuestos a las bebidas azucaradas, aplicados desde hace más de cinco años y que, de momento, no ha movido un ápice los índices de sobrepeso en niños o adultos”.
Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 refieren que aun cuando la gente sabe que el consumo de esos productos puede ser un riesgo para la salud, los ingiere en forma cotidiana, lo cual revela un asunto de orden cultural que todavía no se atiende.
“La insistencia en la salud alimentaria actúa sobre la corporalidad y los factores relacionados con el peso, pero se habla poco o nada de la inseguridad alimentaria, que provoca que los grupos más vulnerables aumenten la ingesta de aquellos ricos en energía, sal y grasa a pesar de que son más caros, mientras que tienden a descartar comestibles frescos, porque sacian menos en términos de volumen, apetito e incluso socioculturalmente».
La doctora Bertran Vilà explicó que las autoridades han dejado fuera cualquier análisis de carácter sociocultural y ante la agudización del modelo médico hegemónico basado sólo en la atención clínica, apenas evalúa el impulso de proyectos de atención primaria a nivel federal.
“La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima en México un incremento de seis millones de personas en situación de pobreza durante este periodo, mientras en América Latina la FAO calcula 48 millones más que pueden tener hambre”.
