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La Interpol emitió una ficha roja para localizar y detener a Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont, quienes son acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero, que deriva de un supuesto desvío de 2 mil 950 millones de pesos del sistema penitenciario federal.
La orden de búsqueda internacional fue girada por solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) y con base en el mandamiento de captura que libró el mes pasado un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, por los ilícitos mencionados.
La ficha roja o red notice es un formato con los datos personales, supuestos delitos y la fotografía de una persona, que es distribuida a todos los países afiliados a la Interpol para rastrear a un individuo buscado por la justicia.
En algunas naciones, esta ficha basta para retener a un sospechoso, pero en muchos otros sólo es útil para dar un aviso de que un sujeto buscado ha sido localizado en un sitio específico o en tránsito y la finalidad es que el país interesado pida la extradición.
Según autoridades federales, tanto el empresario como la presentadora de televisión se encuentran fuera del país desde hace varios meses. Hasta el momento, ninguno de los dos ha presentado un amparo contra la orden de captura.
Hace unos días, Inés Gómez Mont afirmó en un comunicado que no se le ha permitido acceder al expediente de su caso.
“Tengo además temor fundado de que derivado de este comunicado, las autoridades a cargo de mi caso se ensañen aún más en contra mía, ya que he sido advertida de más casos fabricados en mi contra. Pero ya no puedo guardar silencio. Por el contrario, seguiré trabajando con mi equipo legal para poder defenderme y siempre compartirles con honestidad los detalles de mi caso”, señaló.
¿De qué se le acusa a Inés Gómez Mont?
Álvarez Puga y su esposa están imputados en una causa penal en la que se libraron un total de 12 órdenes de aprehensión, cinco de ellos ex mandos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y los otros cinco presuntos «factureros».
Según la teoría de la FGR, los funcionarios triangularon dos mil 950 millones de pesos de dos grandes contratos a un total de seis empresas factureras y algunas de ellas hicieron depósitos a Álvarez Puga y su esposa.
Uno de los contratos fue para adquirir el Sistema del Centro de Comando, Control, Cómputo, Coordinación, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS destinado a los penales federales del Altiplano; Occidente; Noreste; Noroeste; Oriente; Sureste; Nor-Noroeste; Nor-Poniente; Norte y el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Morelos.
El otro fue para la compra de la interconexión a ese sistema de los Centros Federales de Readaptación Social de Sonora, el Femenil de Morelos y el de Michoacán.
De acuerdo con informes recabados, el principal exfuncionario que es buscado por la FGR es Eduardo Guerrero Durán, quien precisamente fue comisionado del OADPRS entre septiembre de 2015 y octubre de 2016.
Con información de Reforma
