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Tras el caso del bebé Tadeo, cuyos restos fueros exhumados de manera ilegal y llevados a Puebla, el gobierno de la CDMX formuló una propuesta de Reglamento de Panteones, Crematorios y Servicios Funerarios con la finalidad de garantizar el derecho a la memoria de los difuntos de manera digna.
En conferencia de prensa, el jefe de Oficina de la Jefatura de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real, y el consejero Jurídico, Néstor Vargas, explicaron que entre las disposiciones planteadas se encuentran: preservar la memoria de los difuntos a través de un memorial en los cementerios que existen en la CDMX; establecer un sistema de registro de inhumaciones y exhumaciones, además del procedimiento para estas últimas y para el retiro de restos humanos; coordinación interinstitucional y distribución de responsabilidades; fortalecer la seguridad y vigilancia; y establecimiento de sanciones por incumplimiento de las disposiciones.
“Garantizar el derecho a preservar la memoria de los difuntos de manera digna, como se remitía en la época de Juárez, y brindar la seguridad ciudadana y sanitaria para quienes en vida ejercen ese derecho recordando a sus muertos; es decir, los cementerios, a través de este reglamento, adquieren esa calidad de ser escenario de ejercicio de derecho a la memoria trascendental, que trasciende –en el caso de los fallecidos–, y social, que ampara el ejercicio de recordar con dignidad, con seguridad y con sanidad a los muertos para los deudos de quienes permanecen en ese panteón”, expresó Suárez del Real.
La exhumación de cadáveres y el retiro de restos humanos deberán seguir procesos precisos, debidamente documentados e inventariados. Los restos humanos se depositarán en el memorial del cementerio y se colocará una placa de identificación.
Consultan nuevo reglamento de panteones
Por su parte, el consejero jurídico expuso que está muy avanzado el proceso de consulta del nuevo reglamento con dependencias; organizaciones civiles; organizaciones religiosas; de las alcaldías, entre otros, y advirtió sobre “una regulación muy rígida para los concesionarios: tienen la obligación de tener una persona administradora responsable, tanto en los cementerios privados, concesionados, como en los crematorios, igualmente, concesionados; actualmente tenemos 14 crematorios concesionados”.
Las alcaldías continuarán siendo responsables de la operación y funcionamiento de panteones y crematorios a su cargo; y cuando tengan conocimiento de hechos que constituyan la alteración y exhumación de cadáveres o restos humanos, deberán presentar de manera inmediata la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.
Asimismo, se crea la Comisión Consultiva de Servicios Funerarios, misma que coordinará, vigilará y dará seguimiento a la correcta implementación del Reglamento; además de atender eventuales emergencias sanitarias o situaciones extraordinarias.
Sobre la seguridad en los cementerios y crematorios corresponde a las alcaldías el control de los accesos; la vigilancia perimetral; disponer de videovigilancia con conectividad al C5 las 24 horas, los 365 días del año.
Nuevos requisitos y penas
En cuanto a los requisitos que deben de tener los administradores, habrá una persona responsable en cada cementerio o crematorio, con experiencia administrativa; preparatoria terminada; capacitada sobre Derechos Humanos; no discriminación; perspectiva de género; protección de datos personales; sin inhabilitación en el servicio público; y haber aprobado un examen de control de confianza. Las personas trabajadoras en el interior de cementerios se someterán a medidas de control y habrá una bitácora de entradas y salidas.
Finalmente, precisó que se estará enviando al Congreso local, en fecha próxima, una iniciativa de reforma al Código Penal para aumentar las penas a quien sepulte o exhume un cadáver o restos humanos sin los requisitos legales o de autoridad competente; y cuando quien participe tenga la calidad de servidor público o empleado de agencia funeraria.
“Estamos proponiendo -agregó- que se penalice la comercialización (de restos humanos), que se ha presentado comúnmente en algunas redes sociales o por medio de otros instrumentos de comercialización”, detalló el consejero.
Las penas propuestas para quien distribuya comercialice o transporte sin la autorización o permiso de la autoridad correspondiente personas fallecidas, partes o restos humanos áridos se le impondrá un pena de cinco a 10 años de prisión.
Asimismo, se plantea imponer una pena de dos terceras partes cuando quien participe tenga la calidad de servidor público; empleado de panteones; empleado de agencia que preste servicios funerarios, entre otros.
El castigo propuesto para quien exhume, oculte, destruya o sepulte personas fallecidas o restos humanos sin los requisitos de ley será de dos a ocho años (actualmente es de tres meses a dos años).
