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Ante el anuncio de que 198 placas de la Ruta 57 serán extinguidas y otorgadas en una sola acción a una empresa operadora, concesionarios informaron que interpondrán un amparo por la violación a sus derechos humanos, al trabajo, la libre expresión y manifestación de ideas.
Gabino Ortega, dirigente de la Ruta 57, señaló que serán extinguidos porque el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, quiere sacarlos del medio, por haber pedido un incremento de cinco pesos a la tarifa.
“Lo que hicimos fue pedir aumento y esto le molestó al secretario, lo que ha llevado a la Secretaría de Movilidad a discriminarnos, acusándonos de insensatos; incoherentes; y nefastos, de ser lo peor en la CDMX, nos tratan peor que delincuentes”, expuso.
Ortega aseguró que lo publicado por Andrés Lajous en la Gaceta Oficial y en todas sus redes sociales, es el resultado de un abuso de autoridad y de funcionarios empeñados en una visión antidemocrática y alejada de toda transparencia.
Por ello, operadores y concesionarios advirtieron que el gobierno de la ciudad y la Semovi no tienen la última palabra a anunciar que ‘morirá’ su operación como Ruta 57, pues más allá de una acción de gobierno, se confirma una venganza de tinte político, encabezada por Andrés Lajous.
Ortega señaló que lo anunciado es más una respuesta institucional llena de ira para aplastar cualquier acto contrario a su forma de gobierno; una negación al diálogo y al acuerdo, pues lo que impera es intolerancia y la discriminación.
Quejas anónimas
Recordó que lo dicho por el titular de la Semovi de que hay 339 quejas y denuncias, lo que generó el inició de su desaparición como concesionarios, no es real y contraviene lo señalado en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
“De esas 339 ninguna ha sido notificada a los concesionarios; ninguna de ellas existe. Por qué dejaron pasar tanto tiempo, hasta el momento en el registro oficial de la Secretaría de Movilidad y de transparencia nos han respondido que no existe queja alguna y después el Secretario sale diciendo que ahí están, pero son todas anónimas; es decir, se cobija bajó el escudo del anonimato por su incapacidad”, dijo.
Y añadió: “Y con ello no aceptar que viola el Artículo 116 de la Ley de Movilidad, porque no hay orden de comparecencia, 339 quejas y no hay ni una sola orden para que se acudiera a conocer la queja como lo establece la ley, dejar pasar hasta tener 339, por qué”, expuso Ortega.
Según el Artículo 116 de mencionada norma, la Semovi notificará por escrito al concesionario los motivos de extinción en que a su juicio haya incurrido y fijará un plazo de 10 días para que presente pruebas, alegatos y manifieste lo que a su derecho convenga.
Ruta 57 ha prestado servicio por 43 años
Luego de 43 años prestado servicio como concesionarios, la Ruta 57 han sido impulsora del cambio en la movilidad, hasta que llegó Andrés Lajous, que no los ha recibido en ningún momento.
Fue la primera en la CDMX en pasar de combis a microbuses y después de microbuses a autobuses; por eso su petición de una mejor tarifa para ir acorde con una urbe tan importante.
“Hemos insistido en la necesidad de ajustar tarifas y equilibrarlas al contexto nacional y al proceso inflacionario que en este gobierno dice no existe, la respuesta es el espíritu miserable del sistema de gobierno que sólo autorizó un peso de incremento y ahora nos salió de peso desaparecer, lo que quiere Lajous es que nadie sepa su sociedad en las aplicaciones”, añadió Ortega.
Y complementó: “Un peso que no permite hacer nada, pero a la autoridad le da facultades para ejercer el peso del Estado y aplastar a las voces disidentes a las que se las ha cancelado de facto toda posibilidad de disentir».
Pero el Gobierno CDMX y la Semovi no tienen la última palabra, “recurriremos a la ley de amparo, a la exposición de motivos al Poder Judicial Federal, a la movilización social, a la denuncia pública, a la protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e incluso, a la Comisión de Derechos Humanos de CDMX, a pesar de que los organismos públicos autónomos no han querido ver está abusiva visión política y abuso indiscriminado del ejercicio público de las autoridades de la Semovi”.
