La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pedirá licencia definitiva a su cargo el 16 de junio para contender por la candidatura de Morena a la presidencia.
Ese día es el plazo límite que fijó el Consejo Nacional de Morena para que las llamadas ‘corcholatas’ renuncien a sus cargos.
“Quiero informar que he tomado la decisión de separarme del cargo de forma definitiva el 16 de junio del presente, con el fin de llegar a ser la primera mujer en la historia de México en encabezar los destinos de la nación, y de dar continuidad con sello propio a la gran obra de transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador”, dijo Sheinbaum.
Y añadió:“Tomo esta decisión porque considero que soy la única persona que estará en la encuesta que proviene de una carrera científica y que al mismo tiempo ha participado en la lucha por los derechos del pueblo de México, la democracia, las libertades, la justicia social y ambiental, los derechos de las mujeres desde que tenía 15 años”.
La jefa de Gobierno no quería pedir licencia al cargo, según ella había dicho varias veces en los últimos meses, pero los plazos propuestos por el partido para realizar la encuesta la empujaron a dejar su cargo.
“El día de ayer el Consejo Nacional de Morena tomó una decisión que considero acertada. Entiendo que por encima de todo está el proyecto de transformación y por ello respetaré todo lo que fue aprobado”, abundó.
Presumió los números de las encuestas difundidas hasta el momento, que la señalan como la primera en intención del voto, tanto dentro como fuera de su partido. “Es el tiempo de las mujeres”.
Sheinbaum Pardo enviará su licencia definitiva al Congreso de la CDMX y después se iniciarán los trámites legislativos para elegir a un nuevo jefe o jefa de gobierno.
Aún no está claro quién sucederá a Sheinbaum. Uno de los nombres que ha sonado para reemplazarla es el secretario de Gobierno Martí Batres. Pero el equipo de gabinete está dividido.
Otros nombres que comenzó a sonar es el de Luz Elena González, actual secretaria de Finanzas, pero será el Congreso el que diga la última palabra.
Con información de El País