El gobierno de la CDMX presentó el protocolo para la actuación policial en las marchas en donde se contempla el diálogo y encauzamiento policial o acompañamiento especial de manifestantes, y si esto no funciona, los uniformados actuarán y detendrán a las personas que cometan algún delito como agresiones, robos o saqueos.
Asimismo, todos los policías que participen en las manifestaciones deberán tener su número de identificación visible en el casco y chaleco.
El protocolo señala que en caso de identificar que algún manifestante porte o exhiba un objeto que pueda causar lesiones a terceros, se le conducirá a una zona de menor riesgo para establecer un diálogo y, mediante persuasión, lograr que entregue dicho objeto, sin impedirle continuar en la protesta.
“El encauzamiento tiene el objeto de que no se detenga toda la manifestación, no es nuestra aspiración ir al lado de una expresión pública todo el tiempo, sino únicamente cuando hay una comisión de una conducta que puede atentar contra los propios manifestantes, es decir, una atención extraordinario que se va a dar cuando haya violencia. En una manifestación normal no hay encauzamiento en la CDMX”, detalló el subsecretario de Gobierno, Arturo Medina.
En este sentido, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Nashieli Ramírez detalló que si el diálogo falla, los policías harán una valoración entre el riesgo y la flagrancia para poder actuar.
“Dependiendo de la valoración de riesgo y flagrancia, entonces se pasará de la persuasión verbal a otros elementos si es que se configura un delito o una falta administrativa, es decir, vas pasando de uno a otro hasta llegar, y esperemos que no, a instrumentos de inmovilización que no serán letales… podría haber detenciones”, indicó.
Siempre que un policía haga uso de la fuerza, deberá presentar ante su mando inmediato superior un informe puntual y detallado con la finalidad de documentar y evaluar el comportamiento policial.
Asimismo, el protocolo señala que los policías no podrá ser sancionado por negarse a cumplir con una orden que consideren inconstitucional o violatoria de derechos humanos, es decir, reprimir o castigar a manifestantes.
De igual forma, el personal policial tiene derecho en las marchas a la protección de su vida e integridad personal, al respeto a su dignidad como seres humanos y a su autoridad por parte de sus mandos y de la ciudadanía.