Alrededor de 400 familias se verán afectadas por la derogación del Artículo 291 Bis del Código Fiscal de la CDMX, precisaron algunos trabajadores que se manifestaron sobre Paseo de la Reforma en la CDMX.
Recordaron que este Artículo en comento, que fue eliminado por el Gobierno local y por las y los diputados, otorgaba estímulos fiscales a las personas que realizaban mantenimiento de áreas verdes, reconstrucción de banquetas o rehabilitación de fuentes.
Sin embargo, de un plumazo este artículo fue derogado del Código Fiscal tras seis años de funcionamiento.
Al respecto, Patricia López, quien era beneficiaria de este programa, detalló que durante sus seis años de funcionamiento, este esquema facilitó la gestión sostenible de más de 170 hectáreas de áreas verdes, fomentó la instalación de sistemas de infiltración para recargar mantos acuíferos y promovió mejoras en la accesibilidad universal, como la reconstrucción de banquetas y cruces seguros.
Además, dijo, generó empleo para más de tres mil personas en sectores como jardinería, mantenimiento y rehabilitación de espacios urbanos.
“Con esta derogación no solo se pierden empleos y beneficios económicos, sino que también se incrementa la carga para el gobierno en el mantenimiento de espacios públicos. Este tipo de incentivos permitían una corresponsabilidad entre ciudadanos y autoridades, algo fundamental en una Ciudad con tanta demanda de mantenimiento urbano”, señaló.
Mejora de áreas verdes
De igual forma, sostuvo que organizaciones ambientales han advertido que esta decisión podría empeorar la crisis hídrica al eliminar proyectos que ayudaban a recargar acuíferos, además de ampliar las desigualdades en el acceso a infraestructura de calidad.
Los manifestantes, que bloquearon Paseo de la Reforma durante más de dos horas, pidieron una reunión con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien accedió a recibir a una comisión representativa.
La incertidumbre sobre el futuro de la conservación de áreas verdes y el mantenimiento urbano sigue siendo motivo de debate, mientras ciudadanos y expertos llaman al gobierno a reconsiderar esta medida o presentar un plan alternativo que garantice el cuidado de la infraestructura urbana y el medio ambiente de la ciudad.