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Víctimas de las líneas 3 y 12 del Metro obtuvieron la suspensión definitiva que obliga al gobierno de la CDMX y al Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) a dar mantenimiento adecuado, optimo, extraordinario y con estricta supervisión a las 12 líneas de este medio de transporte.
Al mismo tiempo, lograron que la autoridad judicial federal desechará el recurso de revocación de esta medida que interpuso la administración capitalina.
El Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, Ulises Oswaldo Rivera González, sostuvo que la medida cautelar que implica seguir otorgando un mantenimiento y supervisión adecuados, no afecta de ninguna forma el orden público o el interés social, sino por el contrario, tiene por objeto evitar daños en la sociedad.
Además, consideró razonable y apegada a derecho “la concesión de la suspensión definitiva, para el efecto de que las autoridades responsables continúen ejerciendo todas las facultades legales y acciones materiales, necesarias para procurar el adecuado mantenimiento y operación de la red del Metro, e incluso, mejorar las tareas normalmente realizadas”.
De acuerdo a la sentencia, el Poder Judicial de la Federación consideró que el propósito es ofrecer a los usuarios un servicio de transporte “eficaz y seguro y tratar de reducir en lo posible la existencia de factores que, junto con otros ajenos al actuar de las autoridades, pudieran llegar a ser configurativos de algún accidente o falla que merme el servicio o afecte la integridad de los usuarios”.
En consecuencia, el juez consideró que el recurso de revocación de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, es infundado, por lo que se otorga la suspensión definitiva para que el gobierno capitalino y el Metro hagan todo, incluida inversión, para que demuestren acciones de mantenimiento y acciones de operación.
“En el caso, la Jefa de Gobierno de la CDMX, en su solicitud de modificación o revocación a la suspensión definitiva… es infundado el incidente de modificación o revocación a la suspensión definitiva”, indica el acuerdo de la suspensión definitiva 63/2023.
Al respecto, Teófilo Benítez, asesor jurídico de las víctimas, señaló que el órgano jurisdiccional sigue considerando razonable y apegada a derecho la concesión de la suspensión definitiva, para el efecto de las autoridades responsables actúen para tener un adecuado servicio en el Metro.
“Incluso, con esta suspensión se obliga al Metro y al Gobierno a mejorar las tareas realizadas, para que la red del Metro funcione adecuadamente y evite la repetición de otras tragedias que en dos años suman 27 muertos, más de 200 heridos y múltiples y cuantiosos daños materiales”, señaló Benítez Granados.
El Juez sostuvo que la autoridad que solicitó dicha revocación lo justificó con diversas acciones de supervisión, corrección, mejora y mantenimiento realizadas al Metro, que se han llevado a cabo con posterioridad a la resolución sobre la suspensión definitiva; sin embargo, eso no modifica ni altera las causas, motivos y razones por las cuales se concedió la suspensión definitiva.
