La Coalición Mexicana LGBTTTI+ exigió al Estado mexicano promover la inclusión laboral de las personas trans y no binarias, mediante una iniciativa o reforma de ley que contemple al menos el 3% de las plazas disponibles para estas poblaciones en el servicio público.
Exigieron políticas públicas que les ofrezcan oportunidades laborales a nivel federal, estatal y municipal; así como crear un Registro Único de Aspirantes; desarrollar un Plan Nacional de Capacitación Laboral y abrir líneas de crédito con tasa preferencial para financiar emprendimientos productivos, comerciales y/o de servicios, dirigidos a personas trans y no binarias.
En conferencia de prensa, realizada en el Centro Cultural del México Contemporáneo, activistas trans emplazaron a todas las instituciones del Estado mexicano, y sus funcionaros, a que rompan sus silencios cómplices; y se declaren aliados estratégicos de las poblaciones trans y no binaria, con el fin de cerrar la brecha de desigualdad que históricamente han padecido.
“Las poblaciones trans y no binarias tenemos menos oportunidades de empleo; ganamos salarios más bajos; vivimos más frecuentemente en la pobreza; sufrimos peores condiciones de salud; enfrentamos mayores obstáculos en la educación; y padecemos violencia y rechazo familiar de manera cotidiana”, denunciaron.
El Estado, enfatizaron, debe generar espacios laborales seguros e incluyentes dentro de sus instituciones, así como garantizar igualdad de oportunidades.
Por ello, la Coalición elaboró un Diagnóstico Situacional sobre Violencia Laboral; un protocolo de actuación para servidores públicos y una propuesta de ley sobre ocupación laboral para las poblaciones travesti, transgénero, transexual y no binaria.
Activistas contra la exclusión laboral
Melken Mejía aseveró que el Estado está obligado a proteger a las personas trans y no binarias en todo el proceso laboral: desde la oferta y contratación; pasando por salarios dignos; permanencia en el trabajo y promoción de ascensos; hasta el despido, con todos los beneficios de ley. Además, pidió fortalecer los mecanismos de defensa, atención y sanciones ante los actos que violen estos derechos.
Josseline Mendoza advirtió que el mercado laboral las orilla al empleo informal; al autoempleo o al trabajo sexual, tan criminalizado en México; lo cual “atenta contra nuestro derecho legítimo a un trabajo formal, a un salario digno y a un verdadero despliegue de nuestras capacidades”.
Cassandra Manjarrez destacó que los mercados de trabajo las segregan sin importarles sus capacidades y potencialidades; por lo que padecen tasas de desempleo superiores al promedio nacional, se les limita a empleos de baja categoría y escasa remuneración y se les niegan altos cargos en el sector formal, aunque estén calificadas para ello.
Desventajas de las comunidades trans
La esperanza de vida de las personas trans en México es de 35 años; mientras que la media nacional es de 78 años para mujeres y 72 para hombres; debido a los bajos niveles de calidad de vida que enfrentan (crímenes de odio, exclusión, discriminación, abusos de autoridad, etc.), producto de una sociedad que criminaliza su identidad de género y les niega el acceso a derechos.
Una persona LGBTTTI+ pasa 10 meses buscando empleo, en promedio, tiempo en el que depende del apoyo familiar o su capacidad de ahorro. Y entre quienes tienen empleo, el 80% todavía no sale del clóset en su espacio laboral, aunque sí lo hayan hecho en otros ámbitos de su vida. En tanto, dos de cada tres personas trans no tienen experiencia laboral porque padecen pocas oportunidades de trabajo.