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Juan Mario Velarde Gámez, exdirector Responsable de Obra (DRO) del Colegio Rébsamen fue sentenciado a 208 años de prisión por ser encontrado culpable de homicidio doloso en contra de 19 niños y siete trabajadores tras el colapso de esta escuela ocurrido durante el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017.
La Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó que, como resultado de las indagatorias realizadas y los datos probatorios aportados por personal de la Subprocuraduría de Procesos, un juez de Tribunal de Enjuiciamiento dictó la sentencia.
Aunado a la condena, el juzgador determinó que el sentenciado deberá pagar la cantidad de 377 mil 450 pesos a cada una de las víctimas indirectas, por concepto de daño material.
La imputación formulada por el agente del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Procesos, también permitió acreditar el daño moral. Además, el impartidor de justicia determinó suspenderle sus derechos al sentenciado y negarle los sustitutivos penales.
Lo anterior, toda vez que la Fiscalía acreditó que el sentenciado garantizó la seguridad estructural del colegio, sin haber realizado las pruebas de carga que le obligaba la normatividad, y pese a las irregularidades administrativas y de construcción con que contaba el inmueble.
inconformes
El Despacho Asesoría Jurídica Victimal declaró que los padres de familia no están conformes con esta sentencia, pues no es proporcional ni adecuada al dolor que han atravesado por la muerte de sus hijos y familiares.
Cabe recordar que entre 2014 y 2015, Velarde Gámez reportó a la delegación Tlalpan el remozamiento de pisos y paredes del Colegio Rébsamen, pero en realidad se edificaron obras en el tercer nivel y la construcción del cuarto piso.
El exfuncionario del gobierno de la CDMX avaló la responsiva para obtener la constancia de seguridad estructural que fue “clave para el funcionamiento regular del Colegio Rébsamen, ya que de haberse atendido la normatividad, la tragedia se hubiera impedido”.
Noé Franco Pacheco, titular del Despacho Asesoría Jurídica Victimal, sostuvo que la pena que solicitaron de 270 años es proporcional y justa.
“Apelaremos ante el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX la pena impuesta por el juez, de lo contrario se enviaría un mensaje a la sociedad de que cualquier servidor público puede actuar dentro de un marco de negligencia y corrupción y salir impune”, agregó el abogado.
