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La diputada, Reyna Celeste Ascencio presentó una iniciativa para establecer un impuesto de 7% a las plataformas de streaming como Netflix, Disney+, Apple Tv, Roku, entre otros.
La iniciativa busca modificar la Ley del Impuestos Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS).
“Se entenderá como servicios audiovisuales como la transmisión de películas, series, videos musicales, eventos deportivos, musicales; así como cualquier obra radiodifundida para que se produzca y/o transmita en otro país. En caso de que quien provea el servicio no cuente con domicilio o establecimiento permanente en territorio nacional, la tasa del impuestos prevista en el inciso D de la fracción II del Artículo 2 de esta Ley, será del 15%”, señala la propuesta. y es firmada por la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, de Morena.
El 40% de lo recaudado por este concepto se destinaría a programas de cobertura social en telecomunicaciones en comunidades indígenas y rurales.
“Es justo que las fuentes de riqueza de la llamada economía digital contribuyan al erario público de los países donde obtienen ganancias por equidad; en razón de que los ingresos de estas empresas provienen del consumo de servicios que se prestan y consumen en México. Además, actualmente las personas están aumentando su ‘consumo digital’ y por ende los ingresos de estas plataformas”, señala la propuesta.
El gravamen aumentaría hasta 15% en caso de que las empresas no cuenten con domicilio o establecimiento permanente en territorio nacional.
Empresas no invierten en México
Agrega que las grandes plataformas como Netflix comúnmente no realizan inversiones físicas en los países donde operan, ya que sólo transmiten datos a través de las redes públicas de telecomunicaciones de los operadores de telefonía e internet, es decir, se ‘montan’ en estas redes, pero no invierten en su instalación y despliegue. Esto genera distorsiones económicas y eventualmente puede implicar una saturación de las redes de telecomunicaciones.
“Por otra parte, en muchos casos las plataformas audiovisuales extranjeras no instalan oficinas y sucursales en los países a donde llega su oferta, por lo que los usuarios carecen de un lugar a donde acudir en caso de quejas o diferendos comerciales. De igual manera, hacen uso de esquemas de subcontratación y de facturación y cobranza por terceros, por lo que se constituyen vías para la elusión de impuestos locales y el cumplimiento de disposiciones laborales; lo que pauperiza la escasa derrama económica que generan para el país”, expone la propuesta.
