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Trabajadores del Metro pidieron a la dirección del organismo conservar sus servicios médicos que tenían en el Nuevo Sanatorio Durango.
A través de un oficio piden que no se les cancele el contrato de servicios médicos de salud, pues de otra forma iniciarán movilizaciones.
“Nos encontramos ante una situación en la que nos vemos obligados a tomar determinaciones que quisiéramos evitar, pues somos una organización obrera comprometida con nuestra fuente de trabajo y con la población usuaria del Metro a la que servimos; pero los directivos del Sistema de Transporte Colectivo (STC) parece que pretenden orillarnos a tomar medidas en defensa de nuestros derechos laborales y de seguridad social”, expusieron los trabajadores.
Y añadieron: “De buena fuente hemos conocido la noticia de que esta administración patronal ha tomado la decisión de violentar las disposiciones establecidas en el artículo 121 del Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo, al determinar que no renovará el contrato con el Nuevo Sanatorio Durango que, nos brinda el servicio de atención médica especializada y hospitalización a quienes laboramos en el Metro, al personal jubilado y a nuestras familias”.
Clínica de menor calidad
Según los inconformes, la directora del organismo Florencia Serranía pidió remitir a los enfermos a una una clínica de menor calidad; lo anterior es reglamentariamente inadmisible, toda vez que es el Consejo General Médico quien, en caso de terminación o rescisión de los contratos con los hospitales, clínicas de rehabilitación, farmacias y laboratorios de análisis clínicos actuales, propondrá al Metro, para su contratación, nuevos hospitales, clínicas, farmacias y laboratorios de igual o mejor categoría.
“Comprendemos que la emergencia sanitaria ha golpeado seriamente los ingresos de la empresa; pero también resulta incuestionable que los recursos para responder de los derechos y prestaciones laborales y de seguridad social estuvieron debidamente aprobados en el presupuesto anual del organismo, y nadie está facultado para desviarlos sin incurrir en responsabilidad administrativa y hasta de índole penal; pues un órgano de gobierno sólo puede actuar dentro de las facultades asignadas, Por tal razón no es necesario prohibirle actos determinados, pues bastará con no facultarlo para ello”, expuso Fernando Espino, líder del Sindicato del Metro.
