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Lorenia Valles Sampedro, diputada federal de Morena propuso un impuesto especial para los cigarros electrónicos.
Para lograrlo presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a fin de regular este mercado.
Detalló que que el objetivo de estas reformas es salvaguardar el derecho a la salud de los fumadoras y ex fumadoras, pues en los últimos años ha proliferado un mercado negro que comercia dispositivos de vapeo sin que haya certeza sobre su calidad, vulnerando con esto la salud de los consumidores que buscan alternativas para dejar de fumar.
Durante la presentación de la iniciativa, subrayó que el mercado ilegal en torno a esos productos se ha fortalecido, sobre todo, a partir de que se prohibió la importación y exportación de los cigarros electrónicos.
Detalló que su propuesta propone una regulación basada en evidencia científica y proporcional a sus riesgos a la salud, los cuales -explicó- según instancias internacionales como la Public Health England, “son al menos un 95% menos dañinos debido a que las concentraciones de toxinas y partículas dañinas encontradas en el vapor de estos dispositivos son generalmente mucho más bajas que en el humo del tabaco”.
Prohibida la venta a menores
Además de prohibir la venta a personas menores de 18 años, plantea impedir su comercialización en escuelas hasta nivel medio superior y que no se usen en espacios 100% libres de humo de tabaco y vapor. Asimismo, pretende reglamentar la publicidad y establecer un etiquetado claro que incluya la leyenda: “Este producto contiene nicotina. La nicotina es un químico adictivo”.
En cuanto a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el proyecto legislativo considera asignar una carga fiscal de un peso peso por mililitro del líquido para los cigarros electrónicos, lo que aumentaría la recaudación fiscal y el Estado contaría con más recursos para financiar la salud.
“Igualmente, al ser el cigarro electrónico una medida de reducción de daños, disminuiría el gasto destinado al tratamiento de enfermedades asociadas al tabaquismo, que en 2017 costaron 81 mil 132 millones de pesos al erario”, sostuvo Lorenia Valles
Esta propuesta -dijo- está sustentada en buenas prácticas internacionales de la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido; allí se concibe un impuesto proporcional a los riesgos a la salud y menor al pagado por los productos de tabaco. Lo anterior para que los precios no sean prohibitivos para los fumadores que buscan una alternativa al cigarro convencional, pero que inhiba la compra por parte de menores de edad.
