El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se está buscando que los detenidos en el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sean testigos protegidos.
Durante su conferencia en Palacio Nacional, el mandatario señaló que con esto se busca que se rompa ‘el pacto de silencio’ que se instauró entre los involucrados en el caso.
“Se está buscando también que los detenidos puedan ser considerados como testigos protegidos porque hubo como un pacto de silencio para que no se hablara y hay que romper ese pacto de silencio”, indicó.
Resaltó que ha habido avances en la investigación, así como órdenes de aprehensión y que algunos detenidos ya están hablando sobre lo que sucedió.
“Como hay nuevas detenciones, yo hago el llamado a los detenidos, a sus familiares de que ayuden dando a conocer información veraz sobre los hechos y, si ellos colaboran, van a tener consideraciones de carácter legal”, añadió el Presidente de México.
Reiteró que se ejecutarán órdenes de aprehensión contra miembros del Ejército.
“Se han otorgado órdenes de aprehensión contra militares que se van a ejecutar, cero impunidad”, aseguró.
Asimismo, dijo que se está buscando la captura del ex director de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón, que huyó a Israel y es acusado de torturar a presuntos implicados para construir la ‘verdad histórica’.
López Obrador explicó que se está llevando una investigación a fondo en el terreno donde se presume se quemaron a los normalistas y en otras zonas cercanas y se han estado localizando cuerpos, restos humamos, en toda el área, «se han hecho muchas visitas, con equipos especializados».
El sábado pasado, justo cuando se cumplieron seis años de la desaparición de los 43 jóvenes, el nuevo fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, relató que la actual Administración ha emitido 70 órdenes de captura contra policías municipales y federales, miembros del Ejército, funcionarios de la Procuraduría y miembros del crimen organizado.
Por ahora ya están detenidos por irregularidades en la investigación Carlos Gómez Arrieta, jefe de la Policía Federal Ministerial, y Blanca Castillo, del Ministerio Público.