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A un año del inicio de sus operaciones puede asegurarse que, lejos de lo prometido, la Guardia Nacional (GN) es una corporación militar y una extensión directa de las Fuerzas Armadas, ya que no hay una clara separación entre las funciones que desempeñan una y otras, según el reporte dado a conocer por el Observatorio de la Guardia Nacional, cuyos integrantes consideran que el actual gobierno incurre en un abuso político del Ejército y la Marina, a costa de su prestigio y capacidades.
Este Observatorio, creado en junio de 2019, reúne a organizaciones, académicos, expertos, colectivos y líderes de opinión, con el objetivo de documentar y difundir información oportuna, cierta y verificable sobre las funciones de la GN, su financiamiento, integración, profesionalización, despliegue e infraestructura.
En este sentido, se detalló que durante el 2019 el presupuesto asignado a la Guardia Nacional provino en su totalidad de los recursos de la Policía Federal (PF), así como de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de la Marina (Semar), sin que haya certeza sobre los montos reales destinados. Para este año, se asignaron más de 29 mil millones de pesos, aunque no se contemplan recursos para la creación de plazas.
El informe revela que el estado de fuerza de la corporación surgió, y se mantiene, por las transferencias de elementos de otras corporaciones, principalmente castrenses. Además, los militares transferidos conservan su plaza y sus prestaciones en la Sedena y Semar, por tanto, no existe una delimitación entre las instituciones.
El Observatorio refirió que no ha habido reclutamiento para la nueva corporación. Tampoco se tiene información certera respecto a la formación de los integrantes de la GN. Además, no existe ningún criterio público que explique el despliegue de los elementos en cada entidad.
En conferencia de prensa virtual para presentar los resultados del informe “Guardia Nacional: a un año de operación”, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común e integrante del Observatorio, indicó que la inseguridad que se vive en el país es la consecuencia de haber promovido una corporación militarizada e inoperante, mientras que se profundiza el abandono de las policías locales.
Calificó como un error no haber enfrentado con todos los recursos del Estado al crimen organizado y tener un discurso indulgente hacia los grupos delictivos.
Consignó que episodios como el de Culiacán, el asesinato de un juez federal, el atentado contra el jefe de la policía de la CDMX, así como los delitos de violencia extrema que se expresan de manera cotidiana en el país, “ponen en riesgo nuestra gobernabilidad, nuestra seguridad y nuestras vidas”.
Lisa Sánchez, directora general de México Unido Contra la Delincuencia A.C., e integrante del Observatorio de la Guardia Nacional, cuestionó la falta de definiciones que hay respecto al funcionamiento de esta corporación. Ejemplificó el caso de la nula separación funcional de la institución con las Fuerzas Armadas y la opacidad sobre los convenios de colaboración con los gobiernos estatales.
Alejandro Hope, analista de seguridad, y también integrante del Observatorio, señaló que el estudio confirma que la Guardia Nacional es una pantomima mal camuflajeada: “Se vendió como civil, pero es la sucursal del Ejército en otra dependencia”.
El analista también criticó lo que dice el gabinete de seguridad cuando habla de reclutamiento de la Guardia Nacional porque aunque pueden decir que cuentan con un determinado número de elementos, “nunca aclaran cuántos tienen plaza en la Guardia Nacional”.
En las conclusiones, el informe menciona que los problemas de seguridad que vive el país no requieren despliegues militares, sino policías con atribuciones y capacidades de investigación, de vinculación ciudadana y apoyados en una auténtica política de prevención.
