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Bajos salarios, jornadas laborales extenuantes, discriminación y necesidad de comprar con su dinero insumos de trabajo como chalecos antibalas, fueron algunos de los resultados que arrojó la “Encuesta 2019 ¿Qué piensa la policía?” realizada por la asociación Causa en Común.
La encuesta fue aplicada a cuatro mil 422 elementos policiacos de 28 entidades, siendo Michoacán, Nayarit, Puebla y Tabasco los estados que se negaron a participar.
María Elena Morera, presidenta de la organización ciudadana, indicó que gracias a este trabajo se pudo constatar que el 51% de los elementos de seguridad ha tenido que comprar con sus propios recursos botas o calzado, el 44% ha adquirido cartucheras, el 25% tiene que pagar las reparaciones de las patrullas que utilizan y el 25% tiene que costear las balas de sus armas de fuego.
De igual forma, el 54% de los uniformados considera que la sociedad los discrimina. “No se valora el trabajo y el esfuerzo que hacemos todos los días por cuidar a todos. Nadie valora, además, que dejamos a nuestras familias por este trabajo, y uno se pierde de momentos inolvidables por estar aquí”, señaló un policía encuestado.
En conferencia virtual, la activista ciudadana señaló que este ejercicio estadístico también reveló, entre otros hallazgos, que el 65% de los policías no tiene conocimiento sobre cómo realizar audiencias ante un juez, 52% jamás ha recibido cursos de primeros auxilios, 34% no ha sido capacitado para manejar una patrulla, 29% no cuenta con capacitación en materia de género y 19% nunca ha sido instruido sobre uso de la fuerza o detención de personas.
Además, el 3% de los policías han recibido la orden de torturar a algún detenido, 4% ir de acarreado a algún mitin político, 65% nunca ha recibido un estímulo y sólo el 46% de los policías gana entre 10 mil y 15 mil pesos.
Morera consideró que las carencias de los policías, como son sus bajos salarios, se explican por la indolencia de actores políticos que han condenado a las policías al abandono.
“Lo peor es que esto se ha tomado como pretexto para militarizar la seguridad pública, definición que no resolverá la crisis de inseguridad que atraviesa el país”, expuso.
Para María Elena Morera estas carencias son aún más relevantes y preocupantes debido a los recientes casos registrados sobre abusos policiales en el país, los cuales dejan al descubierto las deficiencias de los elementos encargados de la seguridad, ya que es una muestra de que no cuentan o no aplican protocolos ni mecanismos relativos a funciones policiales básicas.
“La repetición de este tipo de eventos es un claro reflejo del retraso sistemático que existe respecto a los programas de profesionalización y certificación de las policías”, indicó.
María Elena Morera hizo un llamado a Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para cumplir con el cambio constitucional aprobado para la creación de la Guardia Nacional, que claramente estipula que, seis meses después de promulgada la ley, todas las corporaciones del país deberían presentar un diagnóstico de sus policías, así como un esquema de fortalecimiento, lo que no ha sucedido.
