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Esténtor Político
A la desgracia que México vive hoy por la pérdida de vidas humanas como consecuencia inevitable de la pandemia del COVID-19 y la atención deficiente del sistema de salud pública –cuya lentitud aumentó en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO)– se ha sumado otra: el incremento de 10.7 millones de mexicanos que viven en situación de pobreza extrema.
El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) publicó esta información el 11 de mayo en un documento titulado La política social en el contexto del COVID-19 en México, donde señala otro diagnóstico no menos importante: que la población pobre es más vulnerable a la crisis sanitaria porque padece “altas tasas de diabetes y enfermedades cardiovasculares, precariedad laboral y estancamiento económico”, además de carecer de servicios urbanos como agua potable y poca atención de derechos sociales como acceso a la salud, alimentación, vivienda y educación.
El estudio, que desgraciadamente quedará en el señalamiento, afirma que para aminorar el peligro que representa para el país la contingencia sanitaria “es necesario desplegar los recursos e instrumentos disponibles para amortiguar el impacto priorizando a los grupos que enfrentan mayor afectación”. Y estos grupos sociales, hay que decirlo, son los que habitan en las zonas rurales y conurbadas que, desde hace 55 días, han elevado un grito ensordecedor para denunciar que no tienen trabajo ni comida y que sus vidas están corren peligro por el COVID-19, debido a que el gobierno AMLO actúa con necedad y reacciona muy lentamente, como el diario estadounidense Los Ángeles Times aseguró en fecha reciente.
En su apartado ¿Qué efectos podría traer la crisis producida por el COVID-19 en la pobreza?, el estudio del Coneval asegura que la pandemia podría aumentar la pobreza por ingresos, la pobreza laboral y el riesgo de que, en ausencia de políticas públicas de los gobiernos Federal y estatales, incremente la pobreza en México. En resumen, el estudio afirma que el total de personas en situación de pobreza por ingresos aumentará en 9.8 millones y el de las personas en situación de pobreza extrema 10.7 millones.
El Coneval hace algunas buenas sugerencias, entre ellas el diseño de una estrategia de crecimiento económico para el mediano y largo plazo y el impulso de medidas de protección de los derechos sociales. Pero, como “de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno”, lo más probable es que el Gobierno Federal no las escuche ni las implemente.
A unas cuantas horas de que se hiciera público el documento arriba citado, y durante la conferencia mañanera del miércoles 13 de mayo, ocurrió algo inesperado: se anunció el regreso a la “nueva normalidad” tras el supuesto “aplanamiento” de la curva de la pandemia; en esta decisión influyó sin duda la oligarquía estadounidense, a quien no le importa la vida de millones de mexicanos, y a quien el Presidente decidió obedecer. En esa mañanera el Presidente no respondió preguntas de la prensa; lo acompañaban varios gobernadores, entre ellos Alfredo del Mazo y Alejandro Murat.
A decir del huésped de Palacio Nacional, la “nueva normalidad” operará en tres fases. La primera empezó el 11 de mayo con la reapertura de 269 municipios “de la esperanza”, en 15 entidades federativas en las que no se han presentado contagios y no colindan con municipios en los que sí se han dado casos. La segunda fase será del 18 al 31 de mayo, cuando se reanudarán las actividades esenciales de las industrias de la construcción, minería y transporte. La tercera fase, a partir del 1° de junio, reactivará la economía, la educación y la movilización social de acuerdo con un semáforo de riesgos.
A pesar de lo anunciado, millones de mexicanos viven en la incertidumbre; las crisis sanitaria y económica no han sido cabalmente abordadas ni mucho menos superadas. La atención médica a los enfermos de COVID-19 es deficiente; los hospitales están llenos, tienen pocos ventiladores, los médicos no se dan abasto, se ha denunciado la falta de 350 mil enfermeras; para colmo, entre los 36 países miembros de la OCDE, México es el país donde se hace el menor número de pruebas para detectar el COVID-19: 23 por cada mil habitantes.
Al gobierno de AMLO no le ha importado que para la mayoría de los mexicanos sea imposible acatar la disposición de quedarse en casa; al menos 80 millones tienen graves problemas para alimentarse después de perder sus empleos e ingresos; el Presidente finge no oír el clamor popular para atender este problema de sobrevivencia colectiva que dio lugar el movimiento bautizado como #LosTraposBlancosMx.
El 13 de mayo, AMLO llamó a volver a la normalidad, pero las condiciones sanitarias no están dadas y la reapertura acelerada de las actividades económicas y sociales puede provocar más contagios y muertes; ésa será su responsabilidad, por atender tan comedidamente la orden de Trump. Frente a esta situación, al pueblo mexicano no le queda más alternativa que tomar conciencia de la fuerza de su número; debe proponerse sacar del poder a los malos gobiernos. La verdadera solución la tiene siempre un pueblo educado y organizado. Por el momento, querido lector, es todo.
