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México es uno de los países más peligrosos para las personas que protegen el medio ambiente.
Tan solo en 2019 fueron asesinados 34 activistas, de un total mundial de 304, lo que representa un poco más de 10% de la estadística internacional.
Susana García Jiménez, doctora en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), señaló que el modelo extractivista aplicado en la explotación de los recursos naturales en la nación durante los últimos 30 años, ha generado problemas graves que afectan a las poblaciones locales, por lo que es obligación del gobierno federal escuchar sus demandas para construir un sistema alternativo de desarrollo.
“La diversidad de luchas y resistencias nos llevan a plantear la deuda histórica de justicia que tiene el Estado mexicano con las comunidades, que se han visto afectadas y despojadas de su territorio sin haber tenido mejoras en su calidad de vida, a pesar de que se destina ocho por ciento del Producto Interno Bruto mundial a la construcción de obras faraónicas planteadas como proyectos para el crecimiento económico”.
Refirió que resulta criticable que la denominada Cuarta Transformación continúe con el esquema de implementar megaobras como la refinería de Dos Bocas, el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, el Nuevo Aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya.
“Los pobladores del sur-sureste consideran una simulación las consultas sobre los megaproyectos, además de que es conocido que el desarrollo del ferrocarril en Estados Unidos estuvo vinculado estrechamente a la desaparición de los pueblos originarios”.
La investigadora puntualizó que “somos el cuarto país con la mayor biodiversidad del planeta y dichas megaobras atentan contra la naturaleza», lo que genera necesariamente resistencia en las comunidades y ha propiciado críticas de organizaciones de la sociedad civil y científicos al Tren Maya y el corredor comercial del Istmo de Tehuantepec pues semejan iniciativas del tipo del Plan Puebla Panamá, que representaba intervención territorial y despojos.
La investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I, cuestionó también que el Plan Nacional de Hidrocarburos contemple la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, y una planta carboeléctrica en el norte del país, ya que es una contradicción del discurso en favor del desarrollo sustentable y en la práctica significa un retroceso en los compromisos para mitigar el cambio climático.
El futuro para la sociedad mexicana debe ser el surgimiento de resistencias sociales de las poblaciones afectadas por los proyectos que impulsa el gobierno, concluyó la investigadora.
